jueves, 13 de enero de 2011

Memorias chicas.

En 1965 se fundó la Escuela Nacional de Policía en Costa Rica, sobre lo que fue la Escuela Cívico Militar, instaurada en 1949 tras la abolición del Ejército. Se creó en la administración del entonces presidente, y ahora difunto, Francisco Orlich (p. 1962-1966).

Cinco años más tarde, en 1970, su nombre fue modificado vía decreto ejecutivo y pasó a denominarse Escuela Nacional de Policía Francisco J. Orlich B., en honor al presidente de turno que había creado la institución... (supongo).

Pocas cosas asustan o sorprenden por estos lados del mundo que disfruto llamando Macondo.

Así pues, no hace fruncir el entrecejo percatarse que fue justamente en el gobierno de Orlich cuando se llevó a cabo una de las represiones más sangrientas de la historia del país.

Son las siete de la noche del viernes 23 de noviembre de 1962 en la ciudad de Cartago. Cerca de cinco mil personas se instalan en la esquina del Salón París, en el contexto de una lucha que condujo a una huelga de pagos del servicio eléctrico como protesta por el exorbitante incremento en las tarifas que pretendía el gobierno.

Cuando, horas más tarde, la manifestación estaba por terminar aparecieron cuatro camiones de policías traídos de San José para la ocasión. Los disparos y gases lacrimógenos de los refuerzos derivaron en un inevitable enfrentamiento con los ciudadanos.

El saldo: tres muertos, 19 guardias y 20 civiles heridos. Sin contar los arrestos, y las agresiones que sufrieron los apresados, en los días posteriores.

En palabras de la historiadora Patricia Alvarenga
"las innumerables voces de protesta que se alzaron contra los acontecimientos del 23, reconstruían el discurso oficial de paz y la democracia costarricense, para acusar al gobierno de transgredir tradiciones consideradas ya consagradas en el país, pese a que habían transcurrido escasos 14 años desde la Guerra Civil". (Libro completo acá)
Aunque Orlich dijera al día siguiente estar "con el corazón destrozado por el dolor", lo cierto es que exoneró de toda culpa a la policía. Su justificación política, históricamente torpe, fue la amenaza comunista que incitaba a la violencia, amenaza a todas luces inexistente en una ciudad históricamente católica y conservadora.

Acaso el contexto internacional le jugara una mala pasada al expresidente, cuyo nombre está asociado a unos de los hechos de represión más claros de la historia costarricense; cuyo nombre irónicamente forma parte de la Escuela Nacional de Policía, pero que ya nadie recuerda.

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